Ciudad de México, 10 de septiembre de 2025. – La tarde del miércoles 10 de septiembre, la alcaldía Iztapalapa se convirtió en escenario de una tragedia que dejó al menos tres personas muertas y 70 heridas, tras la explosión de una pipa de gas LP de 49,500 litros de capacidad. La magnitud del desastre no solo evidenció la falta de protocolos de seguridad, sino también la permisividad de autoridades y empresas ante riesgos que, lamentablemente, se materializaron.

El siniestro: una explosión devastadora

A las 14:20 horas, una pipa de gas LP de la empresa Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza, volcó en el Puente de la Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza. La posterior explosión arrasó con vehículos y estructuras cercanas, dejando un saldo preliminar de tres muertos y 70 heridos, muchos de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado. La magnitud del incendio obligó al cierre de arterias principales y a la evacuación de cientos de personas de la zona.

Una empresa con historial cuestionado

Transportadora Silza, responsable de la pipa siniestrada, ha sido vinculada en el pasado con incidentes similares. En abril de 2025, una pipa de Gas Tomza volcó en la autopista México-Tuxpan, causando el cierre total de la vía y dejando a tres heridos. Este incidente puso en evidencia el peligro que representa el transporte de materiales inflamables en carreteras de alto flujo, sin que se implementen medidas de seguridad más estrictas.

La falta de regulación y supervisión

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reveló que la pipa involucrada en el siniestro cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, cuya póliza de seguro había vencido en junio de 2025. Esta omisión pone en evidencia la falta de control y supervisión por parte de las autoridades encargadas de regular el transporte de sustancias peligrosas. La ausencia de un seguro vigente no solo es una infracción administrativa, sino una muestra clara de la permisividad institucional ante riesgos que deberían ser prioritarios.

Una respuesta institucional insuficiente

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acudió al lugar del siniestro y expresó su solidaridad con las víctimas, garantizando atención médica y apoyo a los afectados. Sin embargo, su declaración de que “es un lamentable accidente” minimiza la dimensión estructural del problema: la ausencia de políticas de prevención que regulen y restrinjan el tránsito de vehículos con materiales altamente inflamables en zonas densamente pobladas.

La exigencia ciudadana: justicia y medidas concretas

La tragedia de Iztapalapa no puede quedar impune. La sociedad exige responsabilidades claras y acciones concretas para evitar que hechos como este se repitan. La falta de protocolos de seguridad, la permisividad empresarial y la omisión gubernamental deben ser sancionadas y corregidas. Es imperativo que se implementen medidas de prevención más estrictas, que se realicen auditorías periódicas a las empresas transportistas y que se establezcan sanciones ejemplares para quienes pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.

La explosión en Iztapalapa es una tragedia anunciada. La falta de prevención, la negligencia empresarial y la omisión de las autoridades han convertido a la Ciudad de México en un lugar vulnerable ante riesgos que deberían haberse evitado. Es hora de que se tomen decisiones firmes y se implementen políticas públicas que prioricen la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. La memoria de las víctimas exige justicia y un compromiso real con la prevención de futuras tragedias.