Joel Sánchez Rodríguez@JoelSanRadar

CASA POR CASA, HAY PROBLEMAS…

Explican que en los hechos, todo el personal está adscrito a la Secretaría del Bienestar, representada en Hidalgo por el súper delegado Abraham Mendoza Zenteno, pero no hay ninguna relación laboral con la dependencia; no pertenecen ni trabajan para el IMSS o el ISSSTE, ni tampoco para la Secretaría de Salud, por ello quienes laboran en el programa de Salud Casa por Casa, no cuentan con los servicios que ellos ofrecen, ni siquiera para una incapacidad y aunque andan visitando colonias y comunidades, no tienen ninguna protección en caso de un accidente de trabajo, que no se les podría reconocer como tal, porque formalmente no son empleados de la dependencia.

Existe preocupación porque en entidades donde se inició antes el programa, el personal operativo no ha recibido su pago prometido de 17 mil pesos mensuales y ya descubrieron lo que ahora se sabe en Hidalgo, que no habrá prestaciones y que están obligados a laborar sin horario.

DENUNCIAN A EX-ALCALDES…

Apenas tiene unas semanasr de que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo puso en operación en Hidalgo el programa de Salud Casa por Casa y ya hay indicios de problemas graves en cuanto a su operación; según explican los trabajadores, médicos y enfermeras que deberán visitar en sus hogares a todos los adultos mayores del país para revisar su estado de salud, asistirlos y canalizarlos a otras instancias si es necesario, carecen de todo tipo de prestaciones, no cuentan con seguridad social y ni siquiera tienen certeza laboral pues fueron engañados, no están en ninguna plantilla de trabajo y aparecen como beneficiarios de un programa social.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), confirmó el inicio de 11 denuncias de carácter penal por diversos delitos, como lo son Peculado y Uso ilícito de Atribuciones y Facultades, que involucran a ex-presidentes municipales, ex-tesoreros y en algunos casos a los ex-directores de obras públicas de igual número de municipios por irregularidades detectadas y no solventadas que corresponden a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, cuyos asuntos ahora estarán en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y dependerá del ministerio público la integración de las carpetas.

Así que podría pasar mucho tiempo para que se ejerza acción penal en contra de los hoy probables responsables o simplemente no ocurrir, pues en la PGJEH que dirige Francisco Fernández Hasbún como encargado de despacho, hay áreas en las que no se mueve una hoja sin dinero de por medio o sin órdenes expresas del alto mando y por lo tanto, si se procede en contra de alguno de esos ex-alcaldes de Progreso de Obregón, Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Atitalaquia, Tizayuca, Pisaflores, Tepeji del Río, Singuilucan, Epazoyucan, Huautla o Nopala de Villagrán, dependerá más de la consigna que del afán de hacer justicia.

De las denuncias interpuestas, tres casos llaman la atención de manera especial; Progreso de Obregón, donde el ex-alcalde Armando Mera Olguín ya enfrenta a la justicia por diversas cuestiones; en el caso de Tizayuca, van (otra vez) contra el ex-presidente municipal Gabriel García Rojas y probablemente también se lleven de corbata a Hipolito Zamora Soria, quién fue concejal presidente en el 2020 y en lo que respecta a Mineral de la Reforma, el asunto es por la cuenta pública del 2019 y las imputaciones son (de nuevo) contra Raúl Camacho Baños.

NADA NUEVO…

No hay nada nuevo en las acusaciones, de acuerdo a lo informado, al menos 8 de los 11 de los denunciados, ya estaban en lios o en entredicho por el caso de la estafa siniestra, de hecho personajes como Lorenzo Agustín Hernández Olguín de Atitalaquia o Manuel Hernández Badillo de Tula de Allende, ya pisaron la cárcel por ese asunto y en el caso de este último, ya hasta salió sin mayores problemas.

En Tepeji del Río la ha librado Salvador Jiménez Calzadilla, pese a que el gobierno municipal y su sucesora Tania Valdez Cuellar, presumieron ridículamente que su caso lo habían “pasado a la fiscalía como delincuencia organizada”; Fidel Arce Santander, de Epazoyucan, se mantiene en prisión; en Huautla, Felipe Juárez Ramírez ya había sido denunciado, lo mismo que Luis Francisco González García de Pisaflores; Carlos Miguel Taboada Vargas, de Singuilucan y Luis Enrique Cadena Hernández, de Nopala de Villagrán, así que, no hay sorpresas.

Pero no por ello hay que perder esperanzas de que los órganos de fiscalización y la procuraduría hagan su trabajo en otros casos; ya la semana anterior se conoció que el ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, interpuso una denuncia en contra de la ex-alcaldesa Erika Saab Lara por un presunto desvío millonario y hace unos meses -por ejemplo-, el gobierno municipal de Mineral de la Reforma, hizo públicas las multimillonarias inconsistencias que encontraron al revisar el manejo de los recursos durante la administración de Israel Félix Soto y Fernando Escalante, aunque el primero de ellos parece seguir gozando de absoluta impunidad.

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DE REFILÓN: Y al que se le fue la boca pero en contra de los medios de comunicación, es al presidente municipal de Ixmiquilpan, José Emanuel Hernández Pascual. Resulta que después de que la empresa Teletec de México, SAPI de C.V., denunció falsamente supuestas anomalías en una licitación, el alcalde en vez de irse contra la firma, cuestionó el trabajo de los reporteros por darle voz a los denunciantes y según él, por no investigar bien.

Ahora resulta que el señor quiere enseñarles a los medios de comunicación a hacer su trabajo, cuando él realiza el suyo con más pena que gloria, como quedó en evidencia ahora con el desbordamiento del arroyo Pallares, situación de emergencia de la que no alertó a la población y vean nada más las consecuencias de su pésimo actuar.

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Posdata: Quien tendrá que explicar de manera convincente los motivos por los que se ausentó de sus deberes, es el presidente municipal de Tula, Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, pues mucha polémica causó que mientras él andaba en un aparente viaje de placer por California, Estados Unidos, aquí en su pueblo era buscado por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, a unas horas de haberse registrado una balacera en la ciudad.

Se sabe que el edil andaba de compras acompañado por la sindica María Karla Hernández Cortés; el asesor jurídico Fernando Larios Sánchez y el regidor Eduardo Durán Laguna, obviamente con cargo al erario; dirán que fueron a trabajar, pero su trabajo -aunque no lo hagan-, está en Tula.

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